Aprueba Congreso estatal “Ley Ingrid”

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El Congreso del Estado de Colima aprobó la llamada Ley Ingrid para la entidad, con lo que se protegerán los datos de víctimas al evitar las filtraciones, por parte de servidores públicos, de aquellas imágenes, audios, videos del lugar de un asesinato y de cadáveres, con sanciones especiales cuando las asesinadas sean mujeres y menores de edad.

La iniciativa de la Ley fue presentada tras las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero de 2020, fueron publicadas en diferentes plataformas, por lo que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Erenestina Godoy, presentó una iniciativa en el Congreso de la capital para evitar que este tipo de filtraciones vuelvan a ocurrir.

Con base en lo anterior, la reforma al Código Penal busca garantizar el bien jurídico a la integridad y seguridad personal, que tiene como fin y objeto que las personas puedan desarrollarse integralmente, así como otorgar las condiciones que permitan al ser humano gozar de una vida plena.

De acuerdo con la Ley Ingrid, se contempla una pena de tres a seis años de prisión y una multa equivalente de 50 a 100 UMA´s, para quienes indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal.

Mientras que la pena aumenta, contemplando de cuatro a siete años de prisión y la multa de setenta a ciento treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud.

Finalmente, la Ley Ingrid indica que, tratándose de mujeres, niñas o adolescentes, la pena será de cuatro a ocho años y la multa de 80 a 150 veces el valor diario de la UMA; cuando el delito sea cometido por un servidor público, integrante de laguna institución policial, de procuración o impartición de justicia.