Prisión y multa a quien cometa fraude familiar, plantea Ana Karen Hernández

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La Diputada Karen Hernández Aceves expuso una iniciativa para adicionar el Artículo 201 Bis al Código Penal para el Estado de Colima, y que se considere que comete Fraude Familiar quien en deterioro de la sociedad conyugal o patrimonio común, generado durante el matrimonio o concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros, aplicando una sanción de hasta seis años de prisión y multa por 600 de unidades de medida y actualización (UMA’s).

Recordó que el Artículo 3° de la Constitución Colima, establece que ‘la familia constituye la base de la sociedad y el Estado fomentará su organización y desarrollo; por ello, el hogar y particularmente la niñez, serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez se considerarán de orden público’.

Dijo que según lo establecido por la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia;  seis millones de mujeres son madres solteras; en México, 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia y una tercera parte de los hogares del país son sostenidos por mujeres.

Igualmente, señaló que en nuestro país 11.8 millones de madres viven en situación de pobreza y las entidades que concentran el mayor porcentaje de madres de familia en condición de pobreza multidimensional son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. La proporción de nacimientos por situación conyugal de la madre es: 45% cuando se encuentra en unión matrimonial; 44% cuando se encuentra en unión libre y 11% cuando se encuentra soltera.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los métodos para que el deudor busque evadir su responsabilidad son: dolosamente manifiesta que su salario es inferior al que realmente percibe, se coloca intencionalmente en estado de insolvencia, no desea cumplir con la obligación alimentaria, es trabajador eventual y cambie de domicilio para que no sea posible ubicarlo.

La principal consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial es la afectación que sufren niñas y niños por el abandono emocional comúnmente por el padre, (sin excluir a la madre, pues también existen casos), lo que torna más difícil cuando se vulnera su derecho a la alimentación y coloca a las mamás en desventaja, al quedarse sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de hijas e hijos.

“Es por ello que cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o separación, los bienes materiales pueden resultar un problema ineludible cuando alguno de los cónyuges, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como de hijas e hijos; es decir, el delito de fraude familiar”, dijo la Presidenta del Congreso del Estado.

Por tanto, es importante velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda, recreación, manifestó la Diputada Karen Hernández.

Concluyó que esta iniciativa busca medidas persuasivas y correctoras, el tipo penal de fraude familiar, estableciendo como delito las acciones que realizan cónyuges o concubinos en menoscabo de los bienes que integran la sociedad conyugal o el patrimonio común generado durante el matrimonio o concubinato,

Esto, con el propósito de evitar participar del producto de los mismos al otro, oculte o transfiera por cualquier medio o adquiera a nombre de terceros, los bienes de éstos. “Con ello, se busca la protección de la familia y su patrimonio, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los deudores”, finalizó la Diputada manzanillense.