Con daños a terceros

Para propiciar la convivencia armónica de quienes integramos la sociedad, se sigue la norma de que los derechos de uno terminan donde comienzan los de otro. Por eso, cualquier manifestación, movimiento, independientemente de la causa social que lo suscite –por más justa que ésta sea-, pierde legitimidad cuando afecta los derechos de terceras personas.

El presidente Andrés Manuel ha propiciado precisamente que se den manifestaciones que violentan las leyes, el marco normativo, en aras de satisfacer las demandas y exigencias de los grupos o movimientos que se dicen sociales, pero que realmente representan intereses fácticos muy específicos.

Ahí están, por ejemplo, la CNTE, cuyos integrantes secuestraron prácticamente un poder, como el legislativo, y presionaron para que se aprobara una reforma educativa a modo, que les regresara el control de la nómina y el poder discrecional para conceder plazas magisteriales.

Lo mismo sucedió con un grupo de estudiantes de una normal rural, que secuestraron a 98 choferes de autobuses. Para liberarlos, le exigían al gobierno de Andrés Manuel que les entregaran plazas docentes, becas, entre otras prerrogativas. En lugar de aplicar la ley correspondiente ante el delito de secuestro, el gobierno cedió y les dio todo lo que le exigían.

Esto ha propiciado que más grupos se subleven. Hace poco, incluso, en el marco de las manifestaciones de Chile, un grupo de encapuchados cooptaron un camión de la Coca Cola en la Ciudad de México, robaron todos los insumos en su interior, le prendieron fuego y bloquearon una vialidad, generando caos en toda esa zona, desquiciando todo flujo vehicular de la zona metropolitana. Exigían que el gobierno de Piñera renunciara. ¿Tiene lógica eso?

A veces pareciera, precisamente, que cierto tipo de persona tiene patente de corso para delinquir, siempre y cuando enarbolen causas políticamente justas o correctas. Y la permisividad del gobierno de Andrés Manuel ante esta clase de actos vandálicos, así como de cualquier otro gobierno, propicia más hechos de este tipo, donde los principales lesionados somos los ciudadanos.

Un caso concreto, aquí en Colima. Ayer, un grupo de campesinos, representados por diversas agrupaciones, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin), así como de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); impidieron que trabajadores ingresaran a cumplir con su función, pero también violentaron el derecho de ciudadanos que acuden a realizar trámites en esas dependencias.

Los productores argumentaron que optaron por secuestrar espacios públicos porque no habían recibido recursos de un programa concurrente, entre el gobierno federal y el estado. Buscaban, con esta presión, agilizar los trámites y que se aceptaran más de 100 solicitudes de apoyos, correspondiente a este programa concurrente.

Desde un primer momento, los titulares de esas dos dependencias, Carlos Noriega y Agustín Morales, de Seplafin y Seder, respectivamente, dialogaron con los productores. Les explicaron algo que ellos (los productores) ya sabían a cabalidad: el tema es del gobierno federal, quien tiene la última palabra.

Piden que se les entreguen recursos, pero el presidente dijo que ya no se iba a entregar el dinero a las organizaciones, sino directamente a los productores y campesinos. Así lo ha dicho y lo sigue diciendo el presidente.

Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué no acudir con los representantes del gobierno federal para dirimir este asunto, que inmanentemente le corresponde al gobierno de López Obrador, en este caso a la Sagarpa? ¿Por qué no utilizar los mecanismos institucionales, las vías legales para resolverlo?

El problema es que cualquier movimiento social, legítimo o ilegítimo, vio que se obtienen resultados de una manera más expedita y rápida violentando los derechos de terceras personas, generando afectaciones o incumpliendo con la ley; cualquiera de estas rutas, que no alejan del estado de derecho, es más viable para ellos que el seguimiento normativo, lo que corresponde de acuerdo a las reglas de operación del programa. Por eso es previsible que esta clase de acciones de presión aumenten aún más.

Dos puntos

La situación es delicada porque no sólo afectan a quienes trabajan en ese espacio, sino que ponen en riesgo la dispersión de la nómina magisterial, burocrática y el pago de pensiones a jubilados y pensionados, especialmente aquellos que cobran a través de cheque en las instalaciones de la Seplafin. Pero esa es la lógica de a quienes les importa un cacahuate los derechos de las demás personas.